A estas alturas, está fuera de toda duda, que las deudas limitan la Democracia y reducen las libertades, garantías y derechos individuales de los ciudadanos. La mayoría de los expertos, instituciones y empresas reconocen que las deudas de la mayoría de los países se tendrán que condonar total o parcialmente más pronto que tarde.
En términos reales, sin excedentes y/o beneficios, una vez atendidas las necesidades financieras corrientes de cualquier actividad y, de los que generen el endeudamiento de una inversión, no se pueden atender las deudas contraídas, menos aun si los ingresos no cubren los costes de las necesidades esenciales. Así, las deudas actuales no se pagarán, y cuanto se está haciendo y está por llegar solo supone ganar/perder tiempo a costa del sufrimiento y agonía de millones de seres humanos para nada.
Se necesitan leyes, que garanticen de manera efectiva, el derecho a “una vida digna” como ley suprema para los ciudadanos, asegurando unos ingresos individuales para atender las necesidades esenciales de consumo que servirían para alimentar el flujo monetario del sistema productivo.
Las causas de esta crisis tienen múltiples ramificaciones que afectan de lleno al funcionamiento de las Administraciones, el Parlamento, la Justicia, los partidos, los sindicatos y en general a todos los ciudadanos y, en definitiva, a buena parte de nuestro entramado institucional y social.
Si de verdad queremos arreglar a fondo los males, habría que revisar en detalle cómo ha contribuido cada cual en la actual crisis, para intentar evitar en el futuro que el cáncer causante de la grave enfermedad de nuestro sistema financiero no volviese a aparecer, rediseñando gran parte de la arquitectura de funcionamiento de las instituciones públicas implicadas, así como las relaciones entre estas, quienes que las gobiernan y los ciudadanos.
Para arreglar bien y a fondo, todo este entramado, evitando el colapso o la parálisis social, posiblemente se tenga que recurrir a los técnicos y expertos que trabajan en cada nivel de las Instituciones y organismos públicos nacional, autonómico y local, que son quienes mejor pueden distinguir lo que funciona bien o mal. Es probable que éstos estén contaminados en su visión de los problemas y de las soluciones que se precisan, por lo que habría también que recurrir a la opinión de otros técnicos externos.
Sería fundamental incorporar como novedad, dar acceso público en las deliberaciones en todos los niveles de decisión de las cuestiones comunes y de la propia responsabilidad de los ciudadanos, sería el plus de Democracia que necesitamos para aproximarnos a una Democracia deliberativa y participativa horizontal, máxime, si tenemos en cuenta que el empleo se tendrá que repartir entre todos y que deberemos ampliar las actividades al ámbito social y a la participación civil solidaria.
Posiblemente, si los ciudadanos y la sociedad en general, nos implicamos en todos los niveles de la Administración, organizando hasta el punto de disponer de grupos capaces de intervenir de inmediato en todos los asuntos que nos atañen en nuestras necesidades esenciales, quizás consigamos la credibilidad y recuperemos la confianza que tanto necesitamos de las instituciones y de los demás seres humanos.
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